La indagatoria es por operaciones con recursos de procedencia ilícita; habría vendido 500 kilos de cocaína decomisados al Cártel de Sinaloa.
Fuentes ministeriales revelaron a EL UNIVERSAL que la UIF rastrea el origen de los recursos económicos que González Cruz destinó al pago de espectaculares que utilizó en la entidad para promocionar su imagen después de solicitar licencia al cargo con miras a representar a su partido en las elecciones del próximo año.
Además, la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California informó que la UIF también indaga al edil por la obtención de contratos millonarios para la renta de oficinas para la Secretaría de Salud, que consiguió en administraciones pasadas y aún como alcalde, cargo que asumió el año pasado.
Estas investigaciones en torno a González Cruz se realizan en el marco del proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura de Baja California, en el que el plazo para el registro de aspirantes concluye este viernes.
Las primeras indagatorias, que se desprenden de la denuncia que el comunicador Mariano Soto Cortés, asesinado en octubre por un comando armado, interpuso contra González Cruz y su secretario de Seguridad, Jorge Ayón, ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California, refieren que el alcalde habría vendido un cargamento de cocaína decomisado al Cártel de Sinaloa.
Según la investigación, que ya tiene la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente municipal presuntamente utilizó dinero proveniente de la venta de 500 kilogramos de cocaína que decomisó la Policía Municipal de Tijuana en un túnel y que, en lugar de ponerla a disposición del Ministerio Público Federal, la vendieron y obtuvieron ganancias por alrededor de 400 millones de pesos.
“El alcalde se enteró de que Mariano [Soto Cortés] sabía que en el túnel habían decomisado droga. Por la venta de la cocaína habrían adquirido alrededor de 400 millones de pesos y parte de ese dinero fue utilizado para la campaña del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, para posicionarse como el candidato a la gubernatura”, señala la relatoría.
Tras conocer que es investigado, González Cruz regresó a sus actividades como alcalde después de la corta licencia que solicitó con el objetivo de arrancar sus actividades de precampaña.
Una de las líneas de investigación más sólidas de la carpeta que tiene abierta la Fiscalía de Baja California, señalaron las fuentes ministeriales, va en el sentido de que el alcalde se habría enterado de que Mariano Soto tenía información del decomiso de cocaína en un túnel y el destino que le habrían dado al narcótico.
En los más de 3 mil kilómetros de frontera, dicha localidad es una de las más activas. Hasta 2018, en una década la entonces Procuraduría General de la República registró 30 narcotúneles en Tijuana, Mexicali y Tecate.
En octubre de 2015, elementos de la Policía Federal evitaron el trasiego de 10 toneladas de marihuana que fue localizada en un túnel que desembocaba en San Diego; ese día fueron detenidas 16 personas.
Investigación de la UIF
Según medios locales, la UIF investiga las operaciones financieras de González Cruz.
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La documentación sobre sus supuestos movimientos financieros, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso y por la que se pidió un comentario a la UIF de su contenido sin que hubiera respuesta, incluye reportes bancarios de operaciones significativas que implican al alcalde y a las finanzas de Tijuana.
La operación que más destaca es la recepción de un edificio de oficinas el 14 de marzo de 2019 en Tijuana, Baja California, en donación. El edificio tiene un valor de 22 millones de dólares y, de acuerdo con su declaración patrimonial, el pago se realizó de contado. Otro de los reportes señala que en julio de 2020 Ana Yesica Rodríguez Moreno recibió depósitos del ayuntamiento de Tijuana cuyo destino se desconoce.
