TIJUANA. - Mientras las y los tijuanenses se hallaban confinados por la pandemia de Covid-19, el presidente municipal, Luis Arturo González Cruz, se gastó 12.5 millones de pesos para promover a su gobierno, mediante aplicaciones, publirreportajes y mensajes SMS, así como para revisar el impacto que estaban teniendo sus campañas publicitarias.
Una investigación efectuada por este reportero exhibe que, justo al día siguiente de que el gobierno federal decretó el cierre para frenar al coronavirus, comenzó la firma de cinco contratos en seis días, por un monto de 8.3 millones de pesos, todos por adjudicación directa.
La mayoría de las empresas y proveedores a los que se otorgaron dichos contratos, no tienen ningún antecedente de venderle a gobiernos.
MIENTRAS TIJUANA SE ENCERRABA…
El 24 de marzo, la administración federal ordenó el cese de actividades no esenciales y el confinamiento en casa para las familias mexicanas, en afán de frenar la pandemia, que llegaba a México.
Al día siguiente, el gobierno de González Cruz le otorgó 775 mil 862.07 pesos a Everest Life de México S. de R.L. de C.V., una empresa constituida apenas el 23 de noviembre de 2018 y con sede en calle Francisco Javier Mina # 1623, Zona Urbana Río Tijuana.
Sin embargo, en esa dirección se ubica la tienda Oficlub, de José Ángel Gustavo Mondragón Ordaz.
Pero como representante legal de Everest Life de México S. de R.L. de C.V., aparece Arturo Margarito Aguilar Guerrero, un abogado de Monterrey.
A Everest Life de México S. de R.L. de C.V., el gobierno de González Cruz le pagó para desarrollar una campaña “por medio de mensajes de texto SMS hacia los dispositivos móviles”.
En esos mensajes se hablaría de “difusión de logros y avances del gobierno municipal, invitación a eventos, recolección de datos, envío de links a ciudadanos para que accedan a páginas web de gobierno”, así como “recordatorios y encuestas”.
Para el 26 del mismo mes, se firmaba un contrato con Marco Antonio Meza Barraza, por 930 mil 600 pesos.
Meza, quien es licenciado en mercadotecnia, dice que la dirección de su empresa es José María Pino Suárez #1601, colonia Nueva, en Mexicali. Pero ahí se ubican un conjunto con cuatro consultorios médicos. En la Sección Amarilla, Meza tiene como ubicación el 1575 de la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, que está a unas calles de la otra localización. En esta última, hay una tienda de uniformes y, encima, un edificio de apartamentos con tres pisos.
A Meza se le pagó el citado monto para ofrecer “servicios especializados de diseño y elaboración de campañas publicitarias”.
El 27 de marzo, Intraxis S.A. de C.V. fue la empresa beneficiada con un contrato de 3 millones 190 mil pesos, para brindar “servicios de consultoría y asesoría en seguimiento de la aplicación AGO”. Respecto a AGO, el 3 de diciembre se publicó en EL MEXICANO un reportaje, donde se relataba la entrega de 2.5 millones de pesos al productor cinematográfico Alejandro González Padilla, creador de las películas que Jaime Camil hizo en México, para generar dicha app.
Intraxis es una empresa cuya sede está también en Monterrey, ciudad de donde también son originarios González Padilla y Aguilar, el representante legal de Everest Life de México S. de R.L. de C.V.
Minerva Estela González Terrazas, hija del alcalde, estudió y se graduó en la Universidad Tec Milenio Las Torres, de esa ciudad.
Por otra parte, el representante legal de Intraxis es Isaac González San Martin, ligado al PT y a quien Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia en el gobierno de Jeanine Añez, señaló de haber creado un software que facilitó el fraude electoral cometido en aquel país, durante los comicios de 2019.
El gobierno de Arturo González reservó, por cinco años, hasta septiembre de 2025, las especificaciones técnicas del trabajo hecho por Intraxis.
El 30 de marzo, el ayuntamiento de González Cruz firmó dos contratos, los cuales suman casi 3.5 millones de pesos.
El primero fue con Outtasking Soluciones Internacionales S.C., por 3 millones 262 mil 500 pesos, también para “consultoría y asesoría en seguimiento de la aplicación AGO”.
Es decir que, por ese concepto y en solamente cuatro días, el gobierno gonzalista gastó poco más de 6.4 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, en solamente esos dos contratos, se gastó más dinero de lo que se le entregó a Televisa en todo el año.
Outtasking Soluciones Internacionales S.C. se constituyó en 2014 y tiene su domicilio en la Torre Cosmopolitan. Su apoderada legal es la sonorense Sonia Parra Oropeza.
También ese día se signó un contrato para Nodo de Negocios S.C., por 206 mil 896.56 pesos, con el fin de generar “información especial para medios aliados: El Economista, Revista Turismo y Diario Imagen”. Los tres, nativos de la Ciudad de México y sin circulación en Tijuana.
Jahdiel Jonathan Vargas Rodríguez, es el apoderado legal de Nodo de Negocios S.C., aunque en el contrato aparece mal su nombre y es nombrado “Jadhiel”.
Vargas se graduó apenas en 2015 como licenciado en Negocios Internacionales, por lo cual su formación es ajena a los “servicios de difusión institucional” que le compró el gobierno tijuanense.
