La Fiscalía General de Baja California ha llevado a cabo la destrucción de 65 máquinas tragamonedas que fueron detectadas y aseguradas en diversos operativos realizados por el Ministerio Público investigador.
El Fiscal General, Ricardo Iván Carpio Sánchez, ha enfatizado en la importancia de fortalecer continuamente las estrategias dirigidas a proteger a los menores de edad, identificando y alejándolos de situaciones y personas que puedan involucrarlos en actividades ilícitas.
Las máquinas tragamonedas fueron entregadas a la Dirección de Bienes Asegurados y Abandonados (encargados de llevar a cabo la diligencia de destrucción), por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de las Personas, como resultado de ocho carpetas de investigación derivadas de diferentes operativos.
En coordinación con la unidad administrativa zona costa y el personal de la Fiscalía de Visitaduría, así como los peritos de la Dirección de Servicios Periciales de esta ciudad, se llevó a cabo la diligencia para cumplir con la solicitud formulada por el fiscal investigador. Esta acción contribuye a combatir la ludopatía y la corrupción de menores de edad, según lo establecido en el artículo 261 del Código Penal del Estado de Baja California.
La institución en su totalidad está enfocada en lograr resultados que favorezcan la procuración de justicia, pero se ha recibido la instrucción de redoblar esfuerzos por parte del titular para abordar todo lo que pueda afectar a los jóvenes del estado, así como implementar medidas preventivas e inhibidoras del delito, especialmente en relación con estos dispositivos que generan descomposición social.
El objetivo es evitar actos que puedan perjudicar el desarrollo de la juventud bajacaliforniana, retirando de las calles estos dispositivos que actúan como detonadores de violencia y corrupción.
La destrucción de las 65 máquinas tragamonedas tuvo lugar en las inmediaciones de Ciudad Justicia en el Corredor 2000, en la zona de La Encantada.
La Fiscalía General del Estado continuará realizando operativos orientados al decomiso de estos dispositivos, que influyen negativamente en la conducta de nuestros niños y jóvenes en nuestro estado.
