Al hacer uso de la tribuna del Senado de la República, el senador por Baja California, Armando Ayala Robles, refrendó el compromiso del movimiento de transformación con la justicia social, al presentar una iniciativa de ley y un punto de acuerdo enfocados en la protección de las personas adultas mayores y en el fortalecimiento del derecho a la salud de las y los trabajadores agrícolas de San Quintín.
Durante su intervención, el legislador subrayó que no puede haber medias tintas cuando se habla de justicia social, y recordó que durante años las personas adultas mayores enfrentaron el abandono institucional y la complejidad de trámites que hoy los colocan en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, Ayala Robles presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción X Bis al artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de garantizar atención preferente y acompañamiento en trámites y servicios públicos, especialmente ante los retos que implica la digitalización y la falta de adaptación institucional.
El senador destacó que, de acuerdo con datos de la CONDUSEF, tan solo en 2025 se registraron más de 6 mil reclamaciones de personas adultas mayores por fraudes financieros, lo que evidencia la urgencia de que el Estado acompañe y proteja a este sector. Recordó además que en México viven más de 17 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 14% de la población nacional.
“Esto no es asistencialismo, es dignidad. La dignidad de quienes construyeron esta nación no se discute, se garantiza”, afirmó.
Asimismo, Ayala Robles presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y al Gobierno del Estado de Baja California a implementar de manera integral el Plan de Justicia para las Trabajadoras y los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de salud.
El legislador resaltó que dicho plan representa una decisión firme para saldar una deuda histórica con las y los jornaleros agrícolas de Baja California, garantizando derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno.
Armando Ayala subrayó que San Quintín es hogar de población migrante proveniente de distintos estados del país, así como de pueblos indígenas como los mixtecos, triquis y yumanos, quienes con su trabajo sostienen al campo mexicano y alimentan a la nación.
“No podemos hablar de transformación si el derecho a la salud no llega hasta donde más se necesita. Implementar este plan no es solo un acto administrativo, es un acto de humanidad”, expresó.
