El gobierno de Bonilla ha anunciado la cancelación momentánea del proyecto de la Desaladora de Rosarito, para justificar la aprobación de un contrato plurianual con una compañía privada productora de energía, que compromete las finanzas del Estado durante los próximos 30 años por una cantidad de 270 millones de dólares para surtir de energía al acueducto que abastece a Tijuana del agua que proviene del Río colorado.
En menos de una semana ya tienen listo el proyecto, el decreto y la licitación de la obra, sin la presencia de la CFE el organismo del Estado Mexicano, encargado constitucionalmente de esta actividad estratégica para el país.
¿Cuál es la prisa por endeudar al Estado?
¿Se le acaba el tiempo para hacer negocio con los dineros del pueblo?
El “gringo no la salta sin huarache”.
Nueva tormenta se avecina
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Columna por : Jaime Martínez Veloz
