La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Baja California, para modificar el término de “menor” por el de niñas, niños y adolescentes con lo que busca fortalecer la perspectiva de protección integral y derechos de la infancia y adolescencia.
En la exposición de motivos, la legisladora enfatizó que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un instrumento jurídico que ordena los estándares nacionales e internacionales para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes (NNA) en condiciones de dignidad, protección y respeto al principio del interés superior de la niñez, además de reducir los riesgos de revictimización.

Este fundamento normativo se encuentra en diversos instrumentos, entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y los tratados internacionales ratificados por México. En virtud de ello, las autoridades locales están obligadas a armonizar sus marcos normativos y sus prácticas institucionales para cumplir con los compromisos en materia de derechos humanos de la infancia y adolescencia.
En el ámbito jurídico, el uso del término “menor” como sustantivo refleja una concepción limitada de la autonomía de las personas en la infancia y adolescencia, lo que obstaculiza el pleno reconocimiento de sus derechos. Esta visión, además de reproducir prácticas sociales y jurídicas excluyentes, puede traducirse en la vulneración de sus derechos humanos.

En ese sentido, la inicialista indicó que la falta de reconocimiento ha tenido como consecuencia estructuras normativas e institucionales que continúan reproduciendo visiones adultocéntricas y tuteladoras, las cuales dificultan el ejercicio efectivo de los derechos de este grupo poblacional.
La legisladora señaló que esta reforma representa un avance hacia la armonización del marco penal con la perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia, contribuyendo a una cultura jurídica que reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como personas subordinadas o incapaces.