La diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Baja California, con el propósito de ampliar el concepto de alimentos, dentro de la pensión alimenticia, para garantizar la protección integral de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
En la exposición de motivos, la legisladora explica que actualmente la definición de alimentos en el Código Civil se limita a rubros básicos como comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, lo cual ha derivado en criterios restrictivos al momento de aplicarse en los tribunales. Con la reforma propuesta, se busca incorporar de manera explícita aspectos esenciales como la salud preventiva, la educación en todos sus niveles, la atención médica integral y el sano esparcimiento.

La diputada Geraldo Núñez destaca que la propuesta se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que el derecho a recibir alimentos debe garantizar el desarrollo digno e integral de las personas, en este sentido, se busca armonizar la legislación estatal con los más altos estándares de protección a los derechos humanos.

La reforma contempla garantizar un desarrollo integral, equitativo y digno de las niñas, niños y adolescentes, así como para las personas adultas mayores que se encuentran más vulnerables por su edad avanzada; por lo que la ampliación del concepto de alimentos no sólo responde a un mandato legal, sino a una necesidad urgente de justicia social y de protección.

De igual forma, la propuesta de reforma al artículo 305 del Código Civil, incluye la obligación de cubrir los gastos médicos y de salud preventiva, así como aquellos derivados de tratamientos especializados, terapias, medicamentos y rehabilitación, considerando que en muchas ocasiones las instituciones de salud pública no cubren estos servicios de manera oportuna o suficiente.

Finalmente, la diputada destacó que garantizar una pensión alimenticia integral es apostar por el bienestar de la niñez, adolescencia y adultos mayores, en concordancia con el principio constitucional del interés superior de la niñez y con la responsabilidad compartida entre progenitores, sociedad y Estado para construir un futuro más justo y equitativo en Baja California.