De acuerdo al medio informativo "El Mexicano", el aún alcalde de Tijuana Arturo Gonzalez Cruz tiene en la mira aumentar el impuesto al alumbrado público en un 180%, prácticamente cobrar el doble de lo que se ha venido pagando.

En cuanto a los comercios dicho impuesto se pretende elevar hasta un 800% es decir que para los que pagan aproximadamente 140 pesos mensuales para el 2021 el precio aumentará a mil 129 pesos mensuales.

Son muy pocos los que recuerdan que este ́ impuesto ́ se inventó en los años que Osuna Millán era alcalde, cobrando un peso por hogar para mantener el alumbrado público y estuvieron muy al pendiente de que no fuera un derecho pues esto significaba que tendrías alumbrado fuera de tu casa.

Pero no fue sino hasta este año que la Suprema Corte declaró esto como algo inconstitucional por lo que ahora ya es un derecho.

Y es así como para quienes pagaron el impuesto durante más de 20 años podrán reclamar la devolución del pago al Ayuntamiento o en su defecto exigir una lámpara de alumbrado público que si funcione y se coloque fuera de los hogares.

Lamentablemente las travesuras del alcalde no terminan ahí; con los incendios que han ocurrido en la ciudad, las carencias que presentan los bomberos para realizar su trabajo son más evidentes, pues han tenido que utilizar las mangueras de los vecinos de la zona donde ocurren los siniestros para terminar de cumplir con su labor.

Y así fue como el Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadan, Juan Valdés Moreno junto a la titular de la Dirección Jurídica de la Dependencia, María Elena Tablada Gutierrez emitieron un oficio hacia los bomberos en el cual se les amenazaba con enviarlos a prisión si hacían públicas las deficiencias, subrayando que está "estrictamente prohibido publicar en cualquier medio de difusión, en específico redes sociales, cualquier información a la que tenga acceso en razón de su empleo, cargo o comisión".

Tras la censura en dicho texto se acompaña la amenaza de con lo siguiente...

“sufrirá la pena de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa”.

Esto generó una fuerte y entendible molestia entre los bomberos pues el alcalde aún continúa gastando grandes cantidades de dinero en la difusión de su imagen y en cuanto a los recursos para ofrecer a los trabajadores herramientas para desempeñar su trabajo de manera adecuada sólo han recibido amenazas de multa y ser privados de su libertad.

Información El Mexicano