MEXICALI, B. C., 17 de mayo de 2021.- El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se manifestó conforme con la resolución del juez quien vinculó a proceso al ex dirigente del PAN, José Luis Ovando Patrón, a la ex Oficial Mayor del Estado, Loreto Quintero Quintero y a varios ex funcionarios panistas, sin embargo, comentó que las penas impuestas no fueron como se esperaban. 

“Quedó evidenciado que son unos ladrones, en el Partido Acción Nacional presumen ser muy honestos y no es así; ellos durante la Administración del Ex Gobernador Francisco Kiko Vega armaron toda una estrategia para sacarle dinero a los empleados para financiar a una a una asociación civil y a través de esta financiar a su vez al PAN, algo que es un delito y que está prohibido por la ley”, dijo Rodríguez Lozano. 

El Secretario General de Gobierno explicó que se reconoce el trabajo realizado por el Ministerio Público y el juez, sin embargo, comentó no estar satisfecho con las medidas de vinculación: “Nos parecen muy flexibles, por ejemplo nada más le den una fianza de 100 mil pesos a Ovando y firmar cada 14 días, cuando el castigo pudo haber sido más severo con esta persona que infringió la ley, ya que era el presidente de un partido político que gobernó 30 años Baja California, nos damos por satisfechos por ahora, vamos a seguir estudiando jurídicamente al asunto”.

Y agregó: “Queremos recalcar que la instrucción del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, es que no hay vacas sagradas; la señora Loreto era poderosísima en el sexenio de Kiko Vega, hacía y deshacía, hay que recordar que hay una señalamiento incluso electoral de que durante la campaña intermedia llegó a las oficinas de los organismos electorales y abrió cajones e hizo quiso; hoy sí se acabó ese esa impunidad, hoy está sujeta a un proceso y vamos a estudiar a ver si le quitamos el fuero para que pueda seguir siendo procesada. 

El Titular de la SGG explicó que esta denuncia se originó en agosto de 2019 cuando en la transición de poder, después de 30 años de gobierno del pan, mucha gente se fue a quejar manifestando que los obligaban a apoyar a una fundación, descontándoles cuando menos el 2 por ciento de su salario. 

“Nos dimos a la tarea de realizar la investigación de ver qué estaba pasando y encontramos que está esta fundación la dirigía el presidente del PAN, en aquel entonces José Luis Ovando que tenía todo el apoyo de la Oficialía Mayor desde el 2014 para hacer estos descuentos, con el apoyo de la ex oficial Mayor y ahora diputada Loreto Quintero y que estaban quitando el dinero forzosamente a mucha gente, por lo que presentamos la denuncia en agosto de 2019”, dijo el funcionario estatal. 

El Titular de la SGG dijo que la honestidad que pregonaba el PAN era pura falacia, ya que por ejemplo en el caso de la ex presidenta del DIF, Brenda Ruacho de Vega, la señora tuvo que comprometerse a regresar casi 7 millones de pesos que se robó, para evitar la acción de la justicia; recurso que por cierto no ha regresado a pesar de haber firmado un acuerdo reparatorio hace algunos días en la Fiscalía General del Estado, en Tijuana. 

“Vamos a seguir muy de cerca este proceso, pero nuevamente les decimos que quede bien claro, son unos hipócritas, dicen que son muy honestos los panistas y no es así; hace poco la señora esposa de Kiko Vega tuvo que ofrecer regresar casi 7 millones de pesos, qué porciento no ha regresado aún a pesar de que ya se firmó el acuerdo reparatorio, esos fueron los actos cometidos por un partido que gobernó de manera corrupta por 30 años”, dijo Rodríguez Lozano. 

En la audiencia se dieron a conocer las medidas cautelares impuestas a los imputados por los delitos de abuso de poder, coalición de servidores públicos así como probables delitos en materia electoral; al imputado José Luis Ovando Patrón consistente en la obligación de presentarse en forma catorcenal ante el Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, así como la obligación de exhibir una garantía económica por la cantidad de 100,000,00 (cien mil pesos moneda nacional); para ello se le otorgó un plazo de un mes a partir de esta fecha para el otorgamiento de dicha garantía, medidas que tendrán vigencia por el tiempo que dure el proceso. 

A los imputados Roberto Gil Espinoza, Jesús Rubén Robles Félix y Eduardo Horta Osorio, se les impuso la medida cautelar consistente en la obligación de presentarse en forma catorcenal ante el Departamento de Evaluación y Supervisión de Medidas y Beneficios en Libertad, medida que tendrá vigencia por el tiempo que dure el proceso. 

Por lo que respecta a los imputados Loreto Quintero Quintero y Carlos Armando Ríos Treviño, no fue impuesta medida cautelar alguna, únicamente se comprometieron a asistir al proceso cuando así sea requerido por la autoridad judicial, esto en virtud de la edad avanzada de ambos imputados, siendo parte del grupo vulnerable ante la contingencia SARS COVID-19. 

Finalmente, se decretó plazo de cierre de investigación complementaria de seis meses, el cual inicia a computarse a partir del día de mañana 17 de mayo del 2021, para concluir el 17 de noviembre del 2021, cuando se dará la resolución definitiva.