La democracia participativa se ha consolidado como un eje rector en la vida pública del Estado por lo que considera necesario adecuar la ley con el propósito de impulsar la participación activa de la sociedad en el proceso legislativo, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, para perfeccionar el mecanismo de iniciativa ciudadana y garantizar un mayor acercamiento entre las y los promoventes y el Congreso.
La legisladora explicó que la reforma tiene como objetivo reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía, a través de su representante común, conozca de manera directa el desarrollo de los debates, así como los fundamentos que respaldan los dictámenes legislativos.
En ese sentido, la iniciativa también busca dar continuidad a los avances logrados con la Ley de Participación Ciudadana, a fin de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo se mantenga en armonía con las disposiciones vigentes en materia de participación social.
La legisladora recordó que en la reciente reforma al artículo 72 de la Ley de Participación Ciudadana, se consolidó la figura del representante común como pieza fundamental para otorgar mayor certeza y eficacia al proceso legislativo, ya que su función es fungir como interlocutor frente al Congreso, representando a los ciudadanos en el seguimiento y desarrollo de sus propuestas.
Por ello, consideró indispensable adecuar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que se reconozca expresamente la participación del representante común en las reuniones de Comisión a las que se turne la iniciativa. Su intervención se limitará al uso de la voz, sin derecho a voto, respetando el carácter deliberativo exclusivo de las y los legisladores.
La diputada Geraldo Núñez señaló que la democracia participativa se ha consolidado como un eje rector en la vida pública del Estado, “a través de los mecanismos de participación ciudadana, se ha buscado garantizar que la voz de la sociedad tenga un cauce efectivo dentro del proceso legislativo, fortaleciendo así los principios de representatividad, inclusión y apertura que rigen al Congreso del Estado de Baja California”.

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