El Pleno del Congreso del Estado aprobó con 20 votos a favor, 2 en contra y una abstención el dictamen número 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, donde se reforman a diversos artículos de la Constitución local, así como de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

El documento leído por el legislador Molina García de la fracción parlamentaria de MORENA, menciona que la designación del Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, será con base a la terna que remita la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en votación por mayoría calificada de los integrantes de la Legislatura, conforme a las reglas contenidas en la Constitución.

De igual forma, se avaló el proceso para designar al Fiscal General del Estado y al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.

Por otra parte, la XXIV Legislatura determinó que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Y se deberá garantizar el principio de paridad de género.

Los integrantes del CPC deberán reunir los mismos requisitos establecidos en la Ley y se tomará en consideración preferentemente su preparación profesional con carreras afines al conocimiento de las leyes y actos de fiscalización de los recursos.

Durante el desempeño de sus funciones, no podrán ocupar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, estatal o municipal, ni cualquier otro que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Deberán también, proporcionar, impulsar o impartir cursos en materia anticorrupción, a los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno, así como a instituciones de educación media y superior, al igual que a las personas físicas y morales de esta entidad, para la ponderación de la ética y valores.

Los Inicialistas de la propuesta son la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda y los diputados Daylín García Ruvalcaba, Juan Manuel Molina García, Santa Alejandrina Corral Quintero y Marco Antonio Blásquez Salinas.