El Pleno aprobó el Dictamen No. 8 de la Comisión de Justicia que Preside Angélica Peñaloza, para fortalecer el marco jurídico de Baja California, a fin de adicionar la modalidad de Violencia Patrimonial a la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar del Estado.
Se refiere el presente Dictamen, a una reforma a la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado, presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, y fue aprobado por diecisiete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Las principales razones señaladas por la inicialista en su exposición de motivos, que justifican el cambio legislativo, son: Las personas de todos los niveles sociales y educativos se ven afectadas por la violencia, que incluye agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales, entre personas con vínculos afectivos y puede presentarse tanto dentro como fuera del hogar.

En ese sentido, la violencia patrimonial implica daño o control sobre bienes y documentos, mientras que la económica busca limitar necesidades básicas mediante el control del dinero. Pero ambas buscan someter a la víctima y se combinan con otros tipos de abuso.
Asimismo, existen factores como el consumo de sustancias psicoactivas, la existencia de traumas familiares, las dificultades de índole económica o conyugal, así como la intervención de terceros en la dinámica del hogar, y constituyen elementos recurrentes que pueden actuar como detonantes de conductas violentas en el seno familiar.
Subrayó la legisladora que, la violencia familiar no solo daña a la víctima directa, también afecta a quienes la presencian. Y ha ido en aumento, como lo indican las estadísticas en Mexicali.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que, la violencia patrimonial está incluso tipificada como un delito en el Código Penal del Estado. Lo que evidencia la relevancia que tienen los bienes patrimoniales y su papel fundamental del núcleo familiar.

En razón de lo anterior, luego de su estudio y análisis, las diputaciones integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideraron acertada la propuesta, tomando en cuenta que las normas deben perfeccionarse, adecuándose a las circunstancias y necesidades de los individuos.
Por ello, resulta de suma importancia dotar de herramientas a los órganos encargados de realizar acciones de prevención, protección y solución en un tema que debido a su naturaleza como lo es la violencia familiar.