Con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia para las mujeres en contexto de desigualdad y violencia, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó iniciativa de reforma con proyecto de decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California.

La legisladora propuso incluir en los programas la perspectiva de género con un enfoque interseccional y de derechos humanos para las mujeres, en los asuntos de orden penal en la materia, donde deberán dar preferencia a personas peritas que cuenten con capacitación y experiencia en temas de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, así como en materia de orden civil.

Subrayó que han sido pocos los casos que se han investigado y juzgado con perspectiva de género, los cuales son insuficientes para transformar un sistema de justicia que tiene una marcada visión androcéntrica y misógina.
En Baja California por ejemplo, está el reciente caso Alina, quien obtuvo su libertad por resolución en segunda instancia debido a la aplicación de la perspectiva de género.

Refirió que en un estado donde sólo del mes de enero a agosto de 2023, se han aperturado 15 carpetas de investigación por feminicidio, 162 por homicidios dolosos contra mujeres, 9,775 por violencia familiar, 661 por violación y 137 por corrupción, según datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se puede pensar en el acceso a la justicia sin la implementación de la metodológica para la investigación con perspectiva de género y enfoque interseccional.

En el ámbito local, se han realizado diversas adecuaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece en su artículo 42 que a la Fiscalía General del Estado le corresponderá: diseñar la política en materia de procuración de justicia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: derechos humanos y género, perspectiva de género y eliminación de estereotipos sobre rol social de las mujeres.

Armando Ayala Robles se registró como aspirante a la candidatura al Senado de la República por Baja California en el próximo proceso electoral.

En atención a la convocatoria emitida por el partido MORENA, Armando Ayala realizó su solicitud de inscripción al proceso interno de selección de candidaturas de quienes podrán contender en el proceso electoral 2024.

Entrevistado al respecto, el también presidente municipal del municipio de Ensenada, declaró que “en apego a la convocatoria que emitió MORENA y cumpliendo con todos los requisitos realicé mi registro”

Ayala Robles afirmó que confía plenamente en el Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que respetará y acatará lo que establece el proceso interno y la definición de las candidaturas.

“Así lo he hecho en pasados procesos electorales, inclusive cuando los resultados no fueron  favorables”, declaró.

Armando Ayala se convirtió en el primer alcalde de Ensenada en ser reelecto de manera consecutiva, además de figurar como el candidato a presidente municipal más votado en la historia de su ciudad, manteniendo una buena aceptación en su comunidad.

También en los últimos meses, distintas casas encuestadoras lo colocan entre los primeros  lugares de aceptación para encabezar la fórmula de Morena al Senado de la República, por lo que se perfila como uno de los favoritos a ocupar un escaño en la cámara alta.

Ante ciudadanía del IV distrito local, que corresponde a la capital del estado, teniendo como marco las instalaciones del Polideportivo de Mexicali, la diputada local morenista, Liliana Michel Sánchez Allende, rindió su segundo informe de actividades legislativas, quien informó que ha presentado 30 iniciativas en este ejercicio, sumando 44 en total en esta legislatura, de las que ya se han aprobado 14.

En el mismo sentido, dio a conocer que ha presentado 14 proposiciones y 9 posicionamientos respecto al seguimiento de la Alerta de Género, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la atención a víctimas directas e indirectas de feminicidio, la situación de violencia en el estado sobre los resultados de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares ENDIREH 2021, así como los trabajos realizados para la evaluación de las personas aspirantes a la Comisión Local de Búsqueda.

Por otro lado, participó en los ejercicios de Consulta, uno de personas con discapacidad en materia de educación inclusiva consulta libre e informada a personas indígenas y afromexicanas y en un parlamento abierto sobre la creación de la Ley de Desaparición Forzada.

 

 

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la Ley Sabina BC contra deudores alimentarios morosos; la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la adecuación de la información y el ingreso al registro público de agresores sexuales y que sea pública; la presentación y aprobación de la Ley Alina para la legítima defensa con perspectiva de género; 3 de 3 contra la violencia de género para que agresores no puedan acceder a cargos públicos; la reforma a la Ley de alcoholes, para establecer la obligación de antros y establecimientos nocturnos de contar con videovigilancia, botones de pánico, detectores de metal y personal de seguridad capacitado, la creación de la Unidad de Género del Congreso, entre otras.

En lo que respecta a su actividad como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, expresó que se han celebrado 14 sesiones y una de Comisiones Unidas con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se ha impulsado el cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Género; las actividades del parlamento de las juventudes; el avance de la Agenda Común por los Derechos de las Mujeres; la develación del Muro de Honor de las Mujeres de Baja California y el concurso de Rap Conciencia como herramienta para la prevención de las violencias contra la mujer entre las juventudes.

En el trabajo de gestoría individual, se entregaron más de 500 apoyos por concepto de gestoría individual fueron destinados mayormente a dignificación de vivienda, proyectos productivos individuales, atención médica y equipo médico; educación, deporte y cultura; pago de servicios públicos, gastos de primera necesidad y gastos funerarios.

 

 

La diputada Michel Sánchez indicó que, en este segundo año de labores, se han recibido 125 solicitudes comunitarias que se agrupan en 96 necesidades colectivas, de las cuales fueron atendidas 92, es decir, hemos logrado atender el 97%, con base en un Presupuesto Participativo como instrumento de participación ciudadana y de organización comunitaria, además de visitar el territorio y estar en contacto directo con la ciudadanía.

Los 12 compromisos de Campaña que fueron registrados ante el IEEBC, fueron: No a las leyes por impulso; Sí a la economía local; Enlace de Género y enlace de Inclusión; Prevenir para la paz; Juventudes son el Presente; Democracia Familiar; No al acoso; Por mujeres y Comunidades; No más mascotas en las calles; Por una inclusión verdadera en las empresas; Economía circular para el bienestar y La austeridad como criterio, de los que ya se han concluido algunos.

En el evento se contó con la presencia de la diputada Evelyn Sánchez, Gloria Miramontes, así como los diputados Juan Manuel Molina García, Manuel Guerrero Luna y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.
Asistieron también el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez en representación de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López y la diputada federal Julieta Ramírez Padilla, entre otras autoridades municipales y estatales.

El Congreso del Estado emitió un atento y respetuoso exhorto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a fin de analizar y en su caso incluir en el Decreto, por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, a los vehículos manufacturados en Europa y Asia.

La diputada inicialista, Evelyn Sánchez Sánchez, expuso que para retomar y dar voz a las familias que cuentan con un vehículo de origen y fabricación asiática o europea y que por ende no son susceptibles del beneficio de la regularización de vehículos de procedencia extranjera, por lo que en un futuro seguirán con la incertidumbre jurídica de su patrimonio.

Los lineamientos del Decreto que por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, establecen y reglamentan las bases para que los vehículos sean elegibles de acogerse a la regularización, que en sus directrices busca el respeto a lo establecido en acuerdos en conjuntos con Estados Unidos de América y Canadá, respetando las reglas para el comercio internacional y las inversiones que se llevan a cabo entre estos 3 países.

Sin embargo, la legisladora refirió que resulta posible replantear la magnitud del problema que continuará de no realizarse una modificación que considere la realidad que existe en el parque vehicular de los carros “chocolate”, “recordemos que anterior a la firma de este decreto, existía la posibilidad de importar de manera definitiva este tipo de unidades, que si bien es cierto no se otorgaban matrículas de circulación nacionales, se contaba con la opción de las placas fronterizas, al menos en los estados del norte colindantes con Estados Unidos de América”.

Destacó que derivado de esta situación, de acuerdo con datos del gobierno del Estado de Baja California, en el año 2017, entre un 80% y 85% de delitos fueron cometidos utilizando vehículos de procedencia extranjera.

En el mismo sentido, en 3 de cada 10 accidentes se encuentran involucradas unidades con placas de procedencia extranjera, que en la mayoría de los casos cusan daños sin contar con un seguro de responsabilidad civil o un registro oficial para que las autoridades realicen líneas de investigación y, en su caso, la imputación de los delitos correspondientes.