El Congreso del Estado emitió un atento y respetuoso exhorto al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a fin de analizar y en su caso incluir en el Decreto, por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, a los vehículos manufacturados en Europa y Asia.

La diputada inicialista, Evelyn Sánchez Sánchez, expuso que para retomar y dar voz a las familias que cuentan con un vehículo de origen y fabricación asiática o europea y que por ende no son susceptibles del beneficio de la regularización de vehículos de procedencia extranjera, por lo que en un futuro seguirán con la incertidumbre jurídica de su patrimonio.

Los lineamientos del Decreto que por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, establecen y reglamentan las bases para que los vehículos sean elegibles de acogerse a la regularización, que en sus directrices busca el respeto a lo establecido en acuerdos en conjuntos con Estados Unidos de América y Canadá, respetando las reglas para el comercio internacional y las inversiones que se llevan a cabo entre estos 3 países.

Sin embargo, la legisladora refirió que resulta posible replantear la magnitud del problema que continuará de no realizarse una modificación que considere la realidad que existe en el parque vehicular de los carros “chocolate”, “recordemos que anterior a la firma de este decreto, existía la posibilidad de importar de manera definitiva este tipo de unidades, que si bien es cierto no se otorgaban matrículas de circulación nacionales, se contaba con la opción de las placas fronterizas, al menos en los estados del norte colindantes con Estados Unidos de América”.

Destacó que derivado de esta situación, de acuerdo con datos del gobierno del Estado de Baja California, en el año 2017, entre un 80% y 85% de delitos fueron cometidos utilizando vehículos de procedencia extranjera.

En el mismo sentido, en 3 de cada 10 accidentes se encuentran involucradas unidades con placas de procedencia extranjera, que en la mayoría de los casos cusan daños sin contar con un seguro de responsabilidad civil o un registro oficial para que las autoridades realicen líneas de investigación y, en su caso, la imputación de los delitos correspondientes.