La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó un posicionamiento relativo a la desaparición de mujeres en San Quintín, ante la Máxima Tribuna del Congreso de Baja California, en la reciente sesión ordinaria.

Indicó que, representantes de los colectivos de búsqueda de personas: Siguiendo tus Pasos, Una Nación Buscando, y Madres Unidas y Fuertes, advirtieron que la Fiscalía General de Baja California reconoce 14 mil personas desaparecidas en la Entidad, y alrededor de 11 mil cuerpos sin identificar.

Luego resaltó que, en México en el año 2022 rebasó las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas. Esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y solo en este 2023, Baja California ya registró 10 mujeres desaparecidas.

A la fecha -dijo- han desaparecido 70 personas, cifra que se va incrementando cada día, con la incertidumbre y desesperación de sus familiares, pues al no conocer su paradero, sufren pensando en lo que estarán pasando, o les pasó, si ya no se encuentran con vida.

Por ello, solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado, atienda a la población de dicho municipio, por considerar que es de vital importancia, crear en San Quintín, una sede de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Esto, con el objetivo de establecer protocolos de actuación para casos de personas desaparecidas y a su vez proporcionar atención y apoyo a los familiares de las personas desaparecidas en esta zona de la Entidad.

Refirió que, en el municipio de San Quintín, se han registrado alrededor de 13 homicidios en los primeros seis meses del año, y son las delegaciones de San Quintín, Vicente Guerrero y Camalú, las áreas donde se han reportado la mayoría de los delitos.

De las personas que perdieron la vida de forma violenta, las autoridades investigadoras han confirmado que tres de los cuerpos corresponden a mujeres, siendo clasificados como feminicidios.

Se suma a estos datos, el caso reciente de la joven Salma Yessenia Bautista López, quien se encontraba desaparecida desde el 16 de junio del presente año, y fue encontrada sin vida en un panteón de este municipio, casi una semana después de su desaparición, en la cual se sumaron diversos grupos de búsqueda que recorrieron el Valle con el propósito de encontrarla, concluyó.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, que preside la diputada Rocío Adame Muñoz, realizó diversas mesas de trabajo entre integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y ciudadanía en general, con la finalidad de escuchar sus opiniones y propuestas para enriquecer la Ley en materia de desaparición forzada de personas del Estado de Baja California.

Cabe destacar que la diputada Rocío Adame, como inicialista de dicha Ley, encabezó los trabajos en las 3 sedes donde se realizaron las cuatro mesas de trabajo, mismas que se desarrollaron los días viernes 7 de julio en CEART Mexicali; sábado 8 de julio en CEART Ensenada; domingo 9 y lunes 10 en CEART Tijuana. Al final se recogieron las aportaciones de todas y todos los participantes, con lo que se busca fortalecer el ejercicio legislativo y el análisis para la integración del proyecto de Ley.

Los trabajos se realizaron con el acompañamiento de especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Elementa DDHH y la ONU-DH. De igual forma, se contó con el apoyo del INMUJER BC, a través de la asistencia de psicólogas integrantes de las Unidades Locales de Atención y Prevención, la Secretaría de Salud del Estado, con personal para primeros auxilios, así como de personal de diversas áreas del Poder Legislativo.

La legisladora, explicó que en la Ley General de Desapariciones se establece que las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar su legislación para crear un marco normativo que regule y determine las atribuciones y responsabilidades de los municipios en materia de desaparición, por lo que las mesas tomaron como referencia establecido en este ordenamiento, así como los criterios de los Tribunales Nacionales e Internacionales para fortalecer y seguir garantizando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

Los ejes temáticos que se consideraron para los trabajos de manera enunciativa, más no limitativa, fueron: 1.-Búsqueda y derecho de las Familias, donde se abordaron los temas de responsabilidades del Comité Estatal de Búsqueda, requisitos para ocupar su titularidad, la coordinación que tiene con autoridades (Fiscalías), mecanismo estatal de coordinación y Comité Estatal Ciudadano. En lo que respecta al eje temático 2.-Investigación de personas desaparecidas, se trataron los temas correspondientes a las responsabilidades de la Fiscalía, recursos internos de la Fiscalía y coordinación entre ésta y otras autoridades.

En lo que se refiera al eje temático 3.-Presupuesto, se atendieron los temas del Fondo para la implementación de la Ley estatal en materia de Personas Desaparecidas y el Fondo especial para identificación de personas fallecidas. Por último, en el eje temático 4.- Procesos de identificación humana, notificación y restitución digna, los temas que se desarrollaron son referentes a la gestión de cuerpos de personas fallecidas, los derechos de las personas fallecidas no identificadas o identificadas no reclamadas, así como las responsabilidades municipales en los procesos de inhumación de cuerpos de personas fallecidas.

La diputada Rocío Adame, abundó que los temas más recurrentes que se han abordado en las mesas de trabajo son referentes a la coordinación que debe existir entre las autoridades, la modificación para emitir una alerta por desaparición para que no se tenga que esperar 72 horas, la creación de un banco de datos estatal, entre otros que son fundamentales para este proyecto de Ley.

La diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa mediante la cual se reforman los artículos 45 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, así como el artículo 261 del Código Penal, ambas para el Estado de Baja California, con la finalidad de reconocer y sancionar la explotación infantil.

En la exposición de motivos, la diputada inicialista destaca que la explotación infantil, también llamada esclavitud infantil, es la utilización de niñas y niños en trabajos normales o peligrosos, para fines económicos familiares o de otra índole, afectando con ello su desarrollo personal, emocional y el disfrute de sus derechos.

Muchos comienzan a trabajar a una edad muy temprana, realizando labores que no consideramos correctas o adecuadas para pequeños de edades que oscilan entre los 3 a los 12 años o aun menores.

Para sustentar la iniciativa, consideró lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto a que la erradicación del trabajo infantil tiene una prioridad urgente, ya que durante décadas había sido hasta cierto punto ignorado, mientras que actualmente, ésta y otras prioridades forman parte de la Declaración de los Derechos del Niño.

Por otra parte, indicó que el abandono familiar también conlleva a esta situación, ya que cuando los niños están solos tienen que buscar un trabajo para sobrevivir.

En ocasiones, las y los menores no acompañados se ven convertidos en esclavos sexuales, trabajadores forzosos o incluso en niños soldado, esto resulta común en contextos de conflicto y huida, en los que muchos se quedan huérfanos o se pierden en el caos.

Enfatizó que los gobiernos locales deben estar comprometidos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar estos derechos ya sea de forma administrativa, legislativa o de cualquier otra índole y lograr que las niñas y niños se desarrollen y tengan las mismas oportunidades de alcanzar todo su potencial.

En este sentido, refirió que legislar con un enfoque de los derechos de la infancia, implica promover el ejercicio del interés superior de la niñez a través de políticas públicas que permitan a las instituciones, a las personas titulares que ejerzan la tutela de los infantes a reclamar sus derechos, así mismo exigirles a ellos que cumplan con sus obligaciones hacia la infancia.

Por lo anteriormente expuesto, la legisladora inicialista propone la reforma mencionada para adicionar que el sistema del DIF tanto estatal como municipal, apoyarán y crearán medidas para prevenir que niñas y niños realicen actividades marginales o de supervivencia y/o desarrollen actividades en la vía pública que pongan además en riesgo su estabilidad física y/o emocional, procurando integrarlos a programas compensatorios, como becas, desayunos escolares, lactancia materna, despensas, útiles escolares, entre otros, para protegerlos y evitar su explotación y trabajo infantil.

Con relación a la reforma planteada en el Código Penal, la modificación establece adicionar la explotación y trabajo infantil como delito en el artículo 261, correspondiente al Capítulo I sobre Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

La Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presentó ante la tribuna en sesión de Pleno, un posicionamiento relativo a los derechos humanos de seguridad social de las y los policías del municipio de Tecate.

El fin es propiciar el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social del personal de las corporaciones policiales, de sus familias y dependientes, señaló la Legisladora del Partido del Trabajo.

“Ser policía, es mucho más que un trabajo, es en realidad la representación de la empatía y humanidad, pues, de forma literal, todas y todos ellos están dispuestos a dar su vida por cualquier persona”, enfatizó.

Luego cuestionó en la Máxima Tribuna del Congreso que, si proteger y servir es su lema, ¿quién los protege a ellas y ellos? “La respuesta compañeras y compañeros diputados, es que debemos ser todas las personas que integramos el gobierno, sin ver panoramas complejos, sino más bien, buscando soluciones precisas y concisas”.

El Ayuntamiento de Tecate -dijo- encabezado por su Presidente Municipal, Darío Benítez Ruiz, está haciendo todo lo que está de su parte. Y de verdad lo reconozco, pues están trabajando con el corazón, y eso es precisamente lo que demanda el pertenecer a la función pública.

Por ello, resaltó que están buscando la celebración de un acuerdo de voluntades con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de que, en términos de los artículos 232 y 233 de la Ley del IMSS, todas y todos los policías tecatenses se incorporen al régimen de seguridad social, para que puedan gozar ellos y sus familiares de los servicios médicos principalmente, y demás prerrogativas.

Mencionó que la Ley Estatal de la materia, se encuentra debidamente armonizada en este tema. Sin embargo, en el Municipio de Tecate, nuestras heroínas y héroes de sangre azul, no gozan de sus derechos humanos de seguridad social.

Claudia Agatón hizo hincapié en que la seguridad social es un derecho humano, “y por ello, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación de garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Finalmente reiteró su admiración y respeto a cada policía de Tecate, “y créanme, en un corto tiempo ustedes gozarán de todos sus derechos humanos”.