Decenas de maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Baja California (SETEBC) se manifestaron de nueva cuenta este miércoles frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tijuana para exigir justicia por su compañero, el profesor Esteban, recientemente declarado culpable tras el fallecimiento de un menor.

El maestro Esteban, fue declarado culpable por omisión de auxilio tras la muerte del alumno Martín Damián, de 10 años, quien sufrió una caída en octubre de 2023 en un presunto acto de abuso escolar en la primaria “Eucario Zavala Álvarez” de Mexicali.

Según testimonios, el niño fue empujado por otro estudiante, se golpeó la cabeza y posteriormente falleció por una hemorragia cerebral. Aunque el maestro notificó a los padres y el menor recibió atención médica inicial, el juez consideró que no se actuó con la urgencia necesaria. La sentencia definitiva se conocerá el próximo 3 de julio.

Los docentes expresaron su inconformidad con la sentencia, pues aseguran que Esteban actuó conforme al protocolo institucional tras el accidente de Martín Damián. Sostienen que se trató de un incidente derivado, presuntamente, de un caso de acoso escolar por parte de otro alumno, y que el docente cumplió con su deber al informar y buscar atención médica para el menor.

El próximo jueves 3 de julio se espera que el juez emita de manera oficial la sentencia final contra Esteban, lo que ha generado un clima de preocupación y temor entre el magisterio, al sentirse vulnerables en casos semejantes que pudieran ocurrir con otros maestros.

“Todos los días recibimos niños golpeados, y no nos damos cuenta. Tendríamos que revisarlos completamente al llegar a clases para saber cómo vienen. De aquí en adelante, muchos docentes optarán por mandar a los niños al seguro médico por cualquier rasguño, porque si algo nos van a criminalizar, que no sea por no haber cumplido el protocolo”, expresó María Virginia Pimentel Muñoz, coordinadora del SETEBC en Tijuana.

Pimentel señaló que, dependiendo del resultado de la sentencia, el sindicato buscará asesoría legal con abogados propios, ante lo que consideran una falta de respaldo institucional. “Creemos que defender a los docentes es obligación del patrón, pero ya vimos que estos protocolos pueden ser usados para incriminarnos, tanto a maestros como a directivos”, subrayó.

Los maestros aseguran que el protocolo establece claramente que debe informarse al padre de familia de inmediato ante cualquier incidente, y que su compañero lo hizo correctamente. Sin embargo, temen que en el futuro se les demande sin fundamentos válidos, exponiéndolos legalmente en el ejercicio de su labor educativa.

“El gobierno no nos está ayudando. Esta situación nos deja totalmente vulnerables”, lamentó Pimentel, quien también hizo un llamado a revisar los protocolos actuales y adaptarlos a la realidad que enfrentan en las aulas.