Tijuana Baja California, a 06 de enero de 2021.

A raíz de la instalación, por parte de Oficialía Mayor, de tres lonas en las puertas del elevador exclusivo para personas con alguna discapacidad física, donde señala como responsable a la Sindicatura Procuradora, de no firmar la autorización para su instalación. La Síndica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, desde el 21 de diciembre, día en que colocaron dichas lonas, fue muy tajante al señalar que no permitirá actos de corrupción y exigió transparencia total en el proceso de compra del elevador.

El proceso que debió realizar la Secretaria de Desarrollo Urbano, en el tema del elevador era en siguiente:
• Primero, solicitar la opinión de la Sindicatura Procuradora, emitida por la Dirección de Responsabilidades de Sindicatura, para determinar si el proceso de responsabilidades administrativas, que se lleva a cabo en contra de ex funcionarios de la pasada administración involucrados en el tema del elevador, afectaría de manera legal dicho proceso.
• Y segundo, la Dirección de Contraloría de la

Sindicatura Procuradora tenía que revisar los planos de dicha instalación y determinar de manera técnica si era factible la compra de la cabina del elevador.

Lamentablemente Desarrollo Urbano no siguió este orden, al contrario, primero se compró el elevador y después informó (hasta el día de ayer 5 de enero de 2021) del proceso de compra y la información solicitada por parte del Órgano Interno de Control.

Ante la insistencia por parte de Sindicatura Procuradora, en transparentar y solicitar la información a la brevedad posible, para emitir la opinión y beneficiar a los ciudadanos con alguna discapacidad que asisten a Palacio Municipal, la Dirección de Contraloría emitió oficios solicitando dicha información y es de resaltar que desde el 21 de diciembre de 2020, fecha en que se colocaron las lonas, hasta el día de ayer 05 de enero de 2021, respondieron dichos oficios. Ante la información recibida por Desarrollo Urbano, la Dirección de Responsabilidades y Contraloría de la Sindicatura se encuentran analizando dicha documentación, en la cual tienen que especificar con exactitud el monto total de la compra del elevador, el proveedor, la empresa que lo instalará y tiempo de entrega. Y con dicha información

el Órgano de Control determinará y emitirá la opinión técnica y legal respecto al tema.

La postura de la Síndica Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa es clara: todo proceso de compra debe ser transparente, ya que son recursos públicos y lamenta el hecho, que las autoridades correspondientes, no proporcionen la información correcta en tiempo y forma, pues los únicos perjudicados han sido los ciudadanos.