En un posicionamiento desde la máxima tribuna, la diputada Michelle Tejeda en su carácter de Presidenta de la Comisión Especial para Organizar, Convocar y Celebrar la Consulta a las Personas con Discapacidad, anunció la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado, cuyo objetivo es garantizar que las personas con discapacidad sean incluidas de manera efectiva en los procesos electorales y puedan aspirar a ocupar cargos públicos.
La legisladora informó que esta iniciativa surge de un proceso profundamente participativo, impulsado por el Congreso del Estado, en el que cerca de mil doscientas personas, de todos los municipios, tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas, inquietudes y propuestas.
“Este ejercicio fue inédito, ya que se llevaron a cabo consultas con materiales accesibles, intérpretes de lengua de señas y espacios adaptados según el tipo de discapacidad, todo ello con el objetivo de garantizar la participación activa y efectiva del sector”, mencionó.
Michelle Tejeda subrayó que la propuesta no se trata de una cuota, sino de una acción afirmativa que responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Esta acción busca que los partidos políticos incluyan al menos una fórmula con personas con discapacidad entre sus candidaturas para el Congreso y los Ayuntamientos”, señaló.
Además, explicó que la reforma establece la obligación para el Instituto Estatal Electoral de Baja California de diseñar protocolos de accesibilidad electoral, a fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones.
“Estamos construyendo una democracia más justa, más equitativa e inclusiva”, esta reforma tiene el respaldo de la propia comunidad y los principios constitucionales, así como los tratados internacionales suscritos por México, lo que refuerza la importancia de asegurar los derechos políticos de las personas con discapacidad”, afirmo.
La congresista finalizó su intervención recordando que la inclusión es un derecho fundamental y que, al reconocer plenamente este derecho en la ley, se da un paso importante para garantizar que todas las voces sean escuchadas en la toma de decisiones públicas.