Ruiz Uribe quedó expuesto escondiendo11 millones de pesos que le dieron por vender un terreno en Mexicali; esto podría provocar su inhabilitación y dejarlo fuera de las elecciones de 2027
La incongruencia de Jesús Alejandro Ruiz Uribe y su actuación patrimonial volvió a encender alertas en la Cuarta Transformación. El exdelegado federal no reportó los 11 millones millones de pesos que recibió por la venta de un terreno en Mexicali, pese a que esa información debía aparecer en sus declaraciones de 2023, 2024 y 2025.
El terreno, de más de tres mil metros cuadrados, fue vendido a Altitud 3 Inmobiliaria, empresa dirigida por Milton Adán Rubio Díaz, exdirector de la desaladora vinculada al gobierno de Kiko Vega. El acuerdo firmado en junio de 2023 estableció un anticipo de 100 mil pesos, un pago adicional de 2.1 millones y siete transferencias de 1.2 millones, depositadas en la cuenta Banorte del padre de Ruiz Uribe.
A pesar de que en el terreno ya avanza la construcción de 46 departamentos con, Ruiz Uribe declaró no haber vendido bienes y siguió reportándose como propietario del predio, al que asignó un valor aproximado de casi tres millones de pesos.
La omisión resalta porque el propio exfuncionario promovió en Bienestar un mensaje de austeridad, argumentando que la depuración del padrón de beneficiarios reflejaba un nuevo estándar de honestidad en la administración pública. Pero por debajo del agua hacia transacciones millonarias.
Según el análisis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas clasifica como falta grave el ocultamiento de información patrimonial, con sanciones que incluyen destitución, multas equivalentes al monto no declarado e inhabilitación por hasta 10 años.
La reiteración de la omisión durante tres ejercicios consecutivos aumenta la posibilidad de un procedimiento formal que podría derivar en consecuencias administrativas que afecten aún más la carrera política del ex delegado.
Durante los últimos dos años, como funcionario federal, ocultó en su declaración patrimonial esta venta millonaria. Esto podría costarle una inhabilitación, ya que fuentes nos confirman que un grupo ciudadano ya prepara la denuncia para que sea inhabilitado y no pueda ocupar un cargo público en el futuro.
