La diputada del Partido del Trabajo, Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de ISSSTECALI, con el propósito de asegurar el pago de las próximas pensiones, en beneficio de las y los trabajadores en la última etapa de su vida laboral.

La inicialista considera necesario que las fuentes de trabajo, es decir, las dependencias y organismos del Estado y Municipios, reasuman la obligación de brindar las pensiones frente a la imposibilidad evidente por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, producida por el prolongado incumplimiento de los propios sujetos obligados.

En Baja California, al igual que en otras entidades, surgieron direcciones de pensiones civiles que luego se transformaron en organismos públicos descentralizados, con autonomía y recursos propios.

Al principio, estos institutos gozaron de finanzas sólidas y una gestión adecuada, guiada por normas de administración, actuaría y auditoría estándar.

“Con el tiempo, los institutos de pensiones se desviaron de su función principal debido a intereses políticos; las juntas de gobierno aprobaron gastos ajenos a su propósito, como eventos y celebraciones, mientras que municipios y dependencias estatales dejaron de cumplir con sus aportaciones, lo que provocó atrasos y finalmente un incumplimiento total que comprometió la sostenibilidad de las pensiones”, destacó la legisladora.

En los últimos años, los municipios han intentado saldar su deuda con ISSSTECALI mediante la entrega de terrenos, pero agotaron sus reservas territoriales sin cubrir los adeudos.

Mexicali, B.C., sábado 5 de octubre de 2024.- La Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, presentó una Iniciativa de adición a un artículo de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California que fue turnada para su estudio a la Comisión de Justicia.

Su objeto es que en los juicios y/o procesos donde se conozca de situaciones en las que se encuentren afectados sus derechos, la persona juzgadora deba valorar en cada caso, la pertinencia de emitir además del formato tradicional de sentencia, una de formato accesible.

El acceso a la justicia, es un derecho fundamental que garantiza a todas las personas, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de obtener una protección efectiva y una solución justa en caso de vulneraciones de sus derechos.

Señaló la Legisladora de Morena, que esto es crucial para prevenir y abordar situaciones de abuso, maltrato o explotación. Permite que se tomen medidas legales contra los agresores y se brinde apoyo a las víctimas.

Además, permite que sean tratados de manera justa y equitativa durante cualquier proceso judicial en el que estén involucrados, asegurando que se respeten sus derechos y se considere su interés superior.

Finalmente puntualizó que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió un criterio al resolver el Amparo Directo en Revisión 5833/2019 que señala que niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a conocer la sentencia que se emita en un procedimiento judicial, en el que estén en juego sus derechos.