Vecinos de los fraccionamientos Hacienda Agua Caliente, Las Plazas y Lomas Sexta Sección, denunciaron este lunes presuntas irregularidades en materia de desarrollo urbano relacionadas con el proyecto habitacional “Altum” y la operación de una notaría en una zona exclusivamente residencial de Tijuana.
Durante una conferencia encabezada por Alma Flores, presidenta de la Asociación de Vecinos de Hacienda Agua Caliente, Plazas y Lomas, así como el abogado Marcos Gutiérrez, señalaron que existe una falta de control urbano y de respeto a la normatividad vigente.
Gutiérrez explicó que el desarrollo “Altum” consiste en un multifamiliar horizontal de 37 viviendas construido en una zona con uso de suelo unifamiliar, aseguró que únicamente podrían edificarse entre 10 y 12 casas conforme a las características originales del fraccionamiento.
“Están violando el uso de suelo unifamiliar, transformándolo a fuerzas en multifamiliar, sin que el fraccionamiento haya sido diseñado para soportar esa carga”, declaró.
Precisó que el proyecto se ubica en la zona conocida como Las Plazas, cercana al Parque Hacienda Agua Caliente, sobre una vialidad empinada en la parte alta del fraccionamiento.
Marcos Gutiérrez afirmó que los vecinos ya obtuvieron un amparo federal relacionado con el caso y sostuvo que existe una sentencia de un Tribunal Colegiado que obliga a la Dirección de Administración Urbana (DAU) a realizar una consulta vecinal antes de modificar el uso de suelo.
Indicó que, de acuerdo con la ley, en fraccionamientos unifamiliares donde ya se vendió más de la mitad de los lotes, cualquier cambio de uso de suelo debe ser sometido a consulta ciudadana.
Sin embargo, denunció que dicha resolución no ha sido cumplida y que, pese al litigio, la construcción continúa y actualmente se encuentra prácticamente terminada tras tres años de disputa legal.
Asimismo, señaló que existe una contradicción jurídica entre una resolución federal que impediría otorgar el permiso y una suspensión emitida recientemente por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a favor de la empresa desarrolladora.
Por su parte, Alma Flores aseguró que la zona ya enfrenta problemas constantes en los servicios públicos, particularmente en agua, energía eléctrica y drenaje, situación que, afirmó, podría agravarse con nuevos desarrollos multifamiliares.
“Hemos tenido problemas en el agua, cortes que no están programados. Tenemos problemas de luz también. Tenemos problemas con los drenajes”, expuso.
La representante vecinal comparó la situación con una vivienda preparada para cinco personas que repentinamente debe albergar a 30, lo que genera una sobrecarga en todos los recursos e infraestructura.
Además, los vecinos advirtieron que el incremento en la densidad habitacional agravaría el tráfico vehicular en vialidades como Lomas Altas y Hacienda, las cuales ya funcionan como rutas alternas para transporte público y automovilistas debido a la saturación urbana de la ciudad.
Los residentes señalaron que permitir este tipo de proyectos podría abrir la puerta a nuevos desarrollos verticales y comerciales en zonas originalmente diseñadas como residenciales, similar a lo ocurrido en La Cacho y Chapultepec.
En ese contexto, también denunciaron la operación de una notaría en un inmueble ubicado dentro de una zona habitacional unifamiliar.
“Eso era una casa. Entonces no puede, por sus pistolas, la notaría volverlo comercial”, expresó Gutiérrez, quien advirtió que permitir este tipo de giros podría derivar posteriormente en la instalación de clínicas, lavanderías, tortillerías y otros negocios dentro del fraccionamiento.
Los vecinos aseguraron que la Sindicatura Municipal realizó recientemente una investigación derivada de sus denuncias y detectó presuntas irregularidades en la actuación de la autoridad, además de que el establecimiento señalado no contaba con licencia de operación.
Alma Flores reiteró que los residentes no se oponen al desarrollo urbano, sino a que se incumplan los acuerdos originales de los fraccionamientos y se ignore la participación ciudadana.
“Lo que queremos es que se respeten los acuerdos de fraccionamiento, que seamos escuchados y que se haga la consulta. Si la mayoría de los vecinos está de acuerdo, entonces que se haga conforme a la ley y con transparencia”, concluyó
